En el contexto empresarial ecuatoriano, el conocimiento profundo de los derechos y obligaciones tributarias es fundamental para el desarrollo sostenible y la viabilidad a largo plazo de las empresas. Este ensayo explora la relevancia de esta comprensión en un entorno fiscal en constante evolución.

En primer lugar, comprender los derechos fiscales permite a las empresas aprovechar las exenciones y beneficios disponibles, contribuyendo así a la optimización de recursos financieros. La correcta aplicación de estos derechos puede traducirse en una carga tributaria reducida y, por ende, en una mayor capacidad para reinvertir y crecer.

Por otro lado, estar al tanto de las obligaciones tributarias asegura el cumplimiento legal, evitando sanciones y conflictos con las autoridades fiscales. Las empresas que operan de manera transparente y conforme a la normativa tributaria generan confianza, tanto entre sus clientes como en el entorno empresarial, lo que puede traducirse en oportunidades de negocios y asociaciones estratégicas.

Además, el conocimiento detallado de las obligaciones tributarias facilita la planificación financiera a largo plazo. Las empresas pueden anticipar sus responsabilidades fiscales y ajustar sus estrategias empresariales en consecuencia, minimizando sorpresas financieras y optimizando la gestión de recursos.

En el ámbito del desarrollo empresarial, la transparencia fiscal también juega un papel crucial en la obtención de financiamiento. Los inversionistas y entidades financieras valoran positivamente a las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias, considerándolas como socios comerciales más seguros y estables.

En conclusión, el conocimiento profundo de los derechos y obligaciones tributarias en Ecuador no solo es un deber legal, sino también un pilar fundamental para el desarrollo empresarial. Aquellas empresas que integran estos aspectos en su cultura organizacional no solo se benefician a sí mismas, sino que también contribuyen al fortalecimiento del sistema económico del país. En un entorno empresarial competitivo, la comprensión y aplicación efectiva de la normativa tributaria son clave para construir un camino hacia el crecimiento y la sostenibilidad.

En el universo del derecho tributario, se encuentran diversos principios que rigen y orientan la creación, interpretación y aplicación de las normas fiscales. Entre estos, el principio de legalidad destaca como uno de los pilares fundamentales. Pero, ¿por qué es tan relevante este principio? Veamos a continuación.

¿Qué es el Principio de Legalidad?

El principio de legalidad, también conocido como principio de reserva de ley, establece que ningún tributo puede ser establecido o modificado sino por medio de una ley. En otras palabras, ni las autoridades fiscales ni ningún otro órgano pueden crear, modificar o suprimir tributos sin que exista una ley que así lo disponga.

Importancia en el Ámbito Tributario

1. Protección al Contribuyente: Este principio protege a los contribuyentes de decisiones arbitrarias o improvisadas. Asegura que cualquier carga tributaria que se les imponga provenga de una decisión legislativa, producto de un debate y un proceso democrático.
2. Seguridad Jurídica: Garantiza previsibilidad y certeza en el ámbito fiscal. Los contribuyentes pueden planificar sus actividades y finanzas con la seguridad de que las reglas no cambiarán de forma inesperada.
3. Transparencia y Democracia: Al requerir que los tributos sean establecidos por ley, se garantiza que estos sean discutidos y aprobados por representantes democráticamente elegidos, permitiendo un debate público sobre su conveniencia y equidad.
4. Limita el Poder Tributario: Este principio evita que el poder de imposición recaiga en una sola entidad o persona, evitando potenciales abusos de poder y garantizando que el proceso de imposición sea equitativo y ajustado a las necesidades de la sociedad.

Retos y Consideraciones Actuales

A pesar de su relevancia, el principio de legalidad enfrenta desafíos en la era contemporánea. La rapidez con la que cambian las economías y la globalización plantean la necesidad de una adaptación rápida de las normas fiscales, lo que puede generar tensiones con este principio.

Sin embargo, su esencia sigue siendo vital. Asegura que el poder tributario se ejerza de manera justa y equilibrada, respetando los derechos de los contribuyentes y fomentando la confianza en el sistema.

Conclusión

El principio de legalidad en el ámbito tributario es más que una regla técnica; es una garantía de justicia, equidad y democracia en la imposición fiscal. Su respeto y fortalecimiento son esenciales para un sistema tributario que aspire a ser justo y eficiente.

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La planificación tributaria emerge como un pilar fundamental tanto para individuos como para empresas, ya que implica una hábil y estratégica organización de asuntos financieros con el fin de aliviar la carga fiscal de manera legal y ética. En este artículo, exploraremos las razones capitales que respaldan la ejecución de una planificación tributaria efectiva:

1. Eficiencia financiera: La planificación cuidadosa tiene el poder de menguar la cantidad de impuestos que individuos y empresas deben sufragar, lo que a su vez libera recursos monetarios para inversión, desarrollo y otras metas vitales.
2. Conformidad sin fisuras: Una planificación tributaria robusta garantiza el cabal cumplimiento de todas las obligaciones fiscales con precisión y celeridad, evadiendo sanciones, multas y entuertos legales.
3. Aprovechamiento óptimo de recursos: Facilita la óptima utilización de recursos financieros y activos disponibles, asegurando su estratégica asignación para maximizar ventajas fiscales.
4. Fluidez de capital mejorada: Mediante la minimización de tributos, se consigue ampliar el flujo de efectivo disponible para operaciones diarias e inversiones a largo plazo.
5. Mitigación de riesgos fiscales: Una planificación adecuada evita prácticas y estructuras susceptibles de ser consideradas evasión o elusión fiscal, reduciendo así el riesgo de enredos legales y sanciones.
6. Adaptación a cambios legales: Permanecer alerta ante mutaciones legislativas y ajustar la planificación en concordancia, resulta crucial para menguar el impacto adverso de novedosos tributos o regulaciones.
7. Preservación patrimonial: La planificación tributaria preserva y facilita la transferencia eficiente del patrimonio a las venideras generaciones, desde una perspectiva fiscal.
8. Fomento de competencia: Para empresas, una planificación tributaria robusta agiganta su competitividad al facultarles ofrecer precios atractivos o invertir en innovación y ampliación.
9. Configuración financiera óptima: Asiste en la elección de la estructura financiera más ventajosa desde el punto de vista fiscal, ponderando factores como selección de entidad legal, localización de activos y administración de deudas.
10. Transparencia y ética: La planificación tributaria responsable conlleva al cumplimiento de las leyes fiscales mientras se persigue la minoración impositiva. Esta práctica coadyuva a preservar la reputación de individuos y empresas como actores éticos y responsables.

En síntesis, la planificación tributaria estratégica reviste un impacto trascendental en la salud financiera y la sostenibilidad a largo plazo de individuos y empresas, otorgándoles la posibilidad de optimizar sus recursos y honrar sus obligaciones fiscales de manera eficaz y ética.

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Mediante resolución del SRI N° NAC-DGERCGC20-00000061, publicado en el Registro Oficial Especial N° 1100 del 30 de septiembre del 2020. Se modificó los porcentaje de retención del Impuesto al Valor Agregado – IVA.

EL servicio de Rentas Internas mediante resolución Rosolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000031 resuelve ampliar el plazo y término de todos los procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción, hasta el 15 de mayo de 2020, inclusive.

Ministerio de Relaciones Laborales Determina que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia.

Según el código tributario en su artículo 94 establece lo siguiente: 

Caducidad.- Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo:

1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 89;
2. En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o en parte; y,
3. En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales actos.

En estudios anteriores se había un amplio análisis sobre el tema; sin embargo, en El artículo 61 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 309 de 21 de Agosto del 2018, dispone interpretar este artículo en el siguiente sentido.

Disposición Interpretativa.- Interprétese el artículo 94 del Código Tributario en el sentido de que en los casos en que los contribuyentes hayan sustentado costos o gastos inexistentes y/o en facturas emitidas por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, se entenderá que se ha dejado de declarar en parte el tributo, y por lo tanto se aplicará la caducidad de 6 años respecto de la facultad determinadora de la Administración Tributaria.

Es importante recordar que al ser una disposición interpretativa esta aplica a todo los casos abiertos en los tribunales, es decir que la administración tributaria tiene actualmente una ventaja.